PROPIEDAD INTELECTUAL

Crowdfunding: Cómo financiar tu proyecto sin bancos

    Guardado en BLOG, EMPRESA, PROPIEDAD INTELECTUAL    |    Sin comentarios

crowdfunding

Crowdfunding, financiación sin bancos

Se dice que en tiempos de crisis como el presente recuperan importancia aquellos valores que han quedado eclipsados por el brillo del becerro de oro. Sin duda entre ellos ocupa un lugar destacado la solidaridad. Por otra parte, se apela a la innovación y al emprendimiento como fórmula para salir del arrasado panorama económico y mercantil en que nos encontramos, situando así a los audaces, a los atrevidos como los nuevos héroes. Sin embargo, no sólo de ideas vive la empresa ni de planes la economía. Así pues, ¿cómo hacer realidad esa idea innovadora que lleva tiempo dándonos vueltas en la cabeza sin que agonice en la sequía crediticia actual? ¿Cómo desarrollar ese concepto de negocio sin acudir a la familia y a los amigos?

Aunque sus orígenes son anteriores a la presente crisis, la denominada financiación en masa o crowdfunding parece vivir ahora su mejor momento. Este término anglosajón proviene de la unión de las palabras inglesas “crowd”, multitud, y “funding”, financiación, y consiste en llegar a esa multitud de posibles inversores a través de Internet, la herramienta idónea para alcanzar a un sinfín de probables interesados en nuestro proyecto, en nuestra obra o en nuestra idea de negocio. De este modo,  podemos encontrar numerosas plataformas que a modo de escaparate presentan al público nuestro planteamiento cultural o empresarial, permitiéndonos al tiempo comprobar su aceptación entre los que serán sus potenciales clientes, usuarios, espectadores, lectores, etc.,  ya que sólo aquellos proyectos que cuenten con el favor del público serán viables a través de su financiación colectiva.

Servir de test previo es una de las ventajas del crowdfunding  al igual que lo es encontrar una vía alternativa a la financiación tradicional o evitar la entrada de socios capitalistas, permitiendo mantener el control sobre el proyecto.

A cambio de su aportación económica, los donantes reciben una contraprestación, proporcional a su contribución, ya sea el disfrute de la obra o servicio o la recepción de un ejemplar del producto en condiciones ventajosas, pero que en ningún caso suponen entrar a participar en el negocio como socios ni compartir la titularidad o propiedad intelectual de nuestro ingenio.

Sin embargo,  el crowdfunding puede presentar un inconveniente a simple vista insalvable y es la exposición pública y abierta de nuestra obra, proyecto o idea en su fase embrionaria con el consiguiente riesgo de plagio. Ahora bien, ¿realmente es un riesgo insalvable?

Y aquí cobra todo su sentido el dicho popular “más vale prevenir que lamentar”.  Existen diversas herramientas legales que permiten salvaguardar la propiedad intelectual de nuestra idea, distintas en función de cuál sea su objeto; lanzar un nuevo servicio, publicar un libro o un disco, comercializar un producto, desarrollar una aplicación informática, un proyecto solidario, etc. Proteger nuestra aportación como inversores, nuestra idea como emprendedores o nuestro negocio como gestores de una plataforma de crowdfunding dependerá de la existencia de unas condiciones o clausulados meticulosos y adecuados que contemplen la posible casuística, los derechos y obligaciones de cada parte, la titularidad de la propiedad intelectual, la forma de percibir las contraprestaciones,  el modo de realizar aportación y su eventual devolución, etc. y permitan así desarrollar este sistema de financiación con protección de todas las partes y sus intereses.

Aspectos legales de las apps

    Guardado en BLOG, PRIVACIDAD, PROPIEDAD INTELECTUAL, PROTECCION DATOS, seguridad información    |    Sin comentarios

Legalidad y apps para móviles

Pese a que la palabra del año será “privacidad” – con el permiso de “crisis”, claro está – y que ello se debe en buena medida a la generalización de los smartphones  y sus variadas aplicaciones, resulta curioso comprobar cómo desde la perspectiva legal sus desarrolladores bajan la guardia. A la hora de crear y diseñar una página web o un programa de software surge la necesidad y la duda de cómo adaptarla a las exigencias legales en sus distintas vertientes, tanto para proteger el trabajo del programador como para evitar sanciones por el incumplimiento de normativas como protección de datos o comercio electrónico.

Sin embargo, este resorte no parece funcionar con la misma efectividad cuando se trata de las aplicaciones para móviles conocidas como apps. Parece que mientras por los usuarios se da por hecho que su gratuidad se debe al coste en privacidad, por los desarrolladores  a veces se asumen sus carencias casi como una marca de serie.

Sin embargo, a la hora de crear una aplicación para móviles las exigencias legales no difieren de las propias del software; propiedad intelectual, protección de datos, consideración de servicio de la sociedad de la información, comercio electrónico, etc.

Recientemente leíamos un estudio revelador; únicamente un 5% de todas las aplicaciones para dispositivos móviles tienen una política de privacidad en vigor que explique cómo se almacenan, se usan y se comparten los datos personales de los usuarios.

Por otra parte, las “grandes” – Apple, Microsoft, Google, Amazon, Black Berry y Hewlett- Packard – han aceptado en las últimas semanas someterse a los principios recogidos en la norma California Online Privacy Protection Act para fijar unos mínimos en materia de protección de datos para las aplicaciones en sus plataformas móviles. Puede que su motivación no sea la preocupación por nuestra privacidad, sino presentarse como garantes de la confidencialidad para fomentar la confianza de los usuarios, ya de por sí confiados, y con ello las descargas, pero aquí podría decirse eso de que bien está lo que bien acaba.

No existe por tanto razón alguna por la que los requisitos legales que debe cumplir un programa de software o una página web no sean extensibles a las apps. De este modo, a la hora de desarrollar estas aplicaciones deberemos plantearnos la siguiente checklist legal:

–          Privacidad y datos personales.  En este punto es frecuente entender que siendo datos facilitados voluntariamente por el usuario, podemos saltarnos la mayoría de las formalidades legales, tales como el deber de información – cuando no se copia sin más de otras aplicaciones, ignorando que ni son los mismos datos, ni la misma finalidad, ni el mismo deber de seguridad…-,  el registro de los correspondientes ficheros, la redacción del documento de seguridad, contratos con terceros que presten servicios accediendo a los datos,  etc. También existe una creencia errónea sobre qué datos debemos considerar personales y cuáles no. Aquí debemos recordar que serán no sólo los que identifiquen directamente a la persona, sino también aquellos que la hagan identificable.

Como ya comentamos, si en algún terreno los fallos de privacidad saltan a los titulares con la consiguiente erosión del valor de la marca y desconfianza de consumidores y usuarios ese terreno es éste.

–          Nombre de la aplicación. Su denominación, como marca o nombre comercial, el registro del dominio correspondiente en su caso o el diseño de un logo característico son aspectos de la comercialización de la aplicación que deben protegerse y tenerse en cuenta.

–          La autoría de la aplicación. Como programa informático o software, la aplicación se encuentra protegida por la ley y los derechos de propiedad intelectual que nos permitirán no sólo ser reconocidos como creadores, sino también beneficiarnos de las prerrogativas de su explotación comercial y protegernos frente a posteriores intentos de plagio.

–          La aplicación como servicio de la Sociedad de la Información y la consiguiente aplicación de la LSSI-CE.

Por tanto, estos son los aspectos mínimos que a la hora de desarrollar y comercializar las aplicaciones móviles creadas deberemos tener en cuenta no sólo para obtener los beneficios buscados, sino también para evitar los perjuicios indeseados.

Image: suphakit73 / FreeDigitalPhotos.net

CISPA, mucho más que SOPA

    Guardado en BLOG, INTERNET, neutralidad, PRIVACIDAD, PROPIEDAD INTELECTUAL, PROTECCION DATOS    |    Sin comentarios

CISPA, Cyber Intelligence Sharing and Protection ActRaro es el día en que no son noticia las amenazas a la privacidad. Tanto es así que a veces me pregunto si no estaremos exagerando y si la preocupación por la privacidad no esconderá realmente un mero interés comercial, visto que los usuarios ventilan, exponen y canjean su información en aplicaciones y redes varias.

Hablar de Internet como fenómeno, como origen de nuevas formas de comunicación, como instrumento de la sociedad 2.0 en la que todos podemos ser autores y destinatarios de información no es novedad. Considerar  la amenaza que esto supone para algunos intereses creados tampoco. Especular con que existen intentos de limitar, controlar o censurar semejante flujo de información menos aún.

Sin embargo, he de reconocer que los motivos para la inquietud son más que reales.  Hace apenas cuatro meses que los términos SOPA (Stop Online Piracy Acty) y PIPA  (Protect Intelectual Property Act) dejaron de ser una amenaza a la libertad en Internet para quedarse en posibles nombres de mascotas. Recordemos que se trataba de iniciativas legislativas americanas que, con el objetivo de proteger los derechos de propiedad intelectual, permitían la supervisión y bloqueo de páginas web por los proveedores de Internet, así como el cierre de webs, el bloqueo de dominios  o la desaparición en buscadores sin necesidad de orden judicial.

Dichas iniciativas no llegaron a convertirse en leyes, pero para aquellos que creían que ya podían respirar tranquilos, dos apuntes; primero, ninguna de estas leyes fueron necesarias para el cierre de Megaupload y para privar a millones de usuarios de sus  archivos allí almacenados (http://www.cristinanebot.es/?p=1383), y segundo, aquí llega CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act o Ley de Intercambio y Protección de Información de Inteligencia Cibernética).

¿Su meta? La ciber amenaza, describiendo amenaza cibernética como » una vulnerabilidad de o una amenaza a un sistema o red de una entidad gubernamental o privada, incluyendo la protección de la información de un sistema o red frente a los intentos de degradar,  interrumpir o destruir tal sistema o red, así como el robo de información privada o gubernamental, propiedad intelectual o información personalmente identificable”.

Más que una iniciativa legislativa independiente, CISPA se presenta como una enmienda a la National Security Act, que no contiene referencia alguna a lo cibernético, digital o electrónico por ser de 1947. Así pues ahora ya no se trata sólo de proteger la propiedad intelectual, aunque también, sino de extender su ámbito de actuación a la protección de la seguridad, de la “ciberseguridad” frente a las “ciber amenazas” y, francamente, pocas han sido las iniciativas legislativas americanas en nombre de la Seguridad, nacional, cibernética o mundial, que no hayan tenido éxito.

Tal vez por eso, pese a las campañas ya existentes en Internet para la recogida de firmas en contra de su aprobación, en esta ocasión no soy tan optimista.

Image: Victor Habbick / FreeDigitalPhotos.net

Guerra de patentes: Apple vs Samsung, ¿sólo puede quedar uno…?

    Guardado en BLOG, patentes, PROPIEDAD INTELECTUAL    |    Sin comentarios

Apple ha demandado a Samsung ahora también en Japón y por el mismo motivo, vulneración de patentes.

Raro es el día en que no desayunamos con noticias sobre esta contienda comercial desde la aparición del Samsung Galaxy Tab 10.1. Algunas tan creativas como las alegaciones de Samsung de que en realidad el iPad lo inventó Stanley Kubrick y otras tan decepcionantes como la supuesta manipulación de pruebas por parte de Apple.

Mientras, Google y su Android arrojan dudas sobre el carácter abierto de su sistema operativo al aparecer documentación en la que se revela que «los responsables de Android recomiendan que el desarrollo de este sistema operativo, que es abierto, se mantenga en secreto y que las primeras informaciones sobre el mismo se ofrezcan a los socios que trabajan con Android. El problema es que el texto cita a Motorola y Verizon como ejemplo de estos socios favorecidos.«.

Aquí, como en Los Inmortales (la primera, el resto me parecieron un horror), parece que sólo puede quedar uno.

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Apple/demanda/Samsung/Japon/el…

Canon digital: unanimidad en suprimirlo…sin tocarlo

    Guardado en BLOG, canon, INTERNET, PROPIEDAD INTELECTUAL    |    1 Comentario

Desde la época de mis efímeros escarceos con la política, tengo una fijación: La Vida de Brian. Rara era la ocasión en la que no me sentía en alguna de sus escenas, siendo la más recurrente aquella que transcurre en las gradas del circo romano. Así que cuando ayer leí que el Congreso votaba unánimemente a favor de la supresión del canon digital vino a mi memoria la escena de la votación para liberar a Brian.

Y es que transcurridos ocho meses desde la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara que la aplicación del canon digital en España es contrario al derecho comunitario y pasado más de un mes del plazo asumido por el Gobierno para su modificación, ayer, precisamente ayer, se vota una proposición para su supresión presentada por el Partido Popular. Conviene recordar que el PP votó a favor de la conocida como Ley Sinde en enero de este año, es decir, dos meses después de conocerse la citada sentencia del TJUE.

En un sorprendente y excepcional  ejemplo de pacto,  todos los partidos políticos votan a favor. Todos están de acuerdo en no estar de acuerdo, al igual que la votación del Frente Popular de Judea en el coliseo. No se plantean opciones, nadie propone alternativas, pero todos acuerdan no estar de acuerdo con el canon. Es cierto que no se soluciona nada ni tiene trascendencia práctica alguna, ya que nada cambiará en los próximos meses para el bolsillo de los consumidores, pero qué hay del impactante titular que esto supone ahora que la noticia comparte protagonismo con la caída en desgracia de la SGAE.

Para esta y para la Ley Sinde, todos son malas noticias. La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 7 de julio supone un nuevo varapalo judicial: “el ofrecimiento del enlace no supone un acto de disposición del archivo, razón por la cual no cabe hablar de puesta a disposición”. Siendo así, ¿con qué base legal podría intervenir la comisión administrativa prevista en la Ley Sinde?

Con todo esto, me pregunto si el resultado unánime de la votación del Congreso es un progreso real en la modificación del sistema de canon o no es más que otro intento de abandonar un barco que se hunde de forma rápida y evidente, tanto como los rumores de adelanto electoral.

p.d: No sólo para la mejor comprensión de lo dicho, sino también porque me parece un clásico intemporal, estos son los enlaces de las escenas mencionadas.

http://www.youtube.com/watch?v=u8OiPbvvvAU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=49fv2YUdSCk

El canon, la SGAE y el efecto Streisand

    Guardado en BLOG, canon, PROPIEDAD INTELECTUAL    |    Sin comentarios

En días pasados, me desconcertó un titular periodístico que daba a entender que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea padece algún tipo de trastorno bipolar. Y es que tras afirmar en su sentencia de 31 de octubre de 2010 que la aplicación del canon que se hace en España es contraria a la Directiva 2001/29, la sentencia de 6 de junio de 2011 se traduce en titulares como que España debe garantizar el cobro del canon. Dichos  titulares venía acompañados por imágenes de una sonriente González- Sinde, tal vez interpretando la sentencia como un espaldarazo a su Ley.

Este es el resultado de mezclar churras con merinas, pero ¿es esto cierto?

Dice la sentencia TJUE de 31 de octubre de 2010 que “los Estados miembros tienen la facultad de establecer, al objeto de financiar la compensación equitativa, un «canon por copia privada» que no grava a las personas privadas afectadas, sino a quienes disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y, a este título, de derecho o de hecho, ponen dichos equipos a disposición de personas privadas o les prestan un servicio de reproducción. En el marco de dicho sistema, son las personas que disponen de dichos equipos quienes han de abonar el canon por copia privada.

En consecuencia, la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29.”

Pues bien, el fallo de la sentencia TJUE de 6 de junio de 2011 en nada contradice a lo anterior. Simplemente manifiesta que “incumbe al Estado miembro que ha establecido un sistema de canon por copia privada que grava al fabricante o al importador de soportes de reproducción de obras protegidas, y en cuyo territorio se produce el perjuicio causado a los autores por el uso con fines privados de sus obras por compradores que residen en él, garantizar que dichos autores reciben realmente la compensación equitativa destinada a indemnizarles de tal perjuicio. A este respecto, la mera circunstancia de que el vendedor profesional de equipos, aparatos o soportes de reproducción esté establecido en un Estado miembro distinto de aquel en el cual residen los compradores carece de incidencia en esta obligación de resultado. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional, en el supuesto de que sea imposible garantizar la percepción de la compensación equitativa de los compradores, interpretar el Derecho nacional a fin de permitir la percepción de dicha compensación de un deudor que actúa en el ejercicio de una actividad mercantil.

Resumiendo, la exigencia indiscrimada de un canon a usuarios de equipos o dispositivos no destinados a copia privada sigue siendo contraria a la Directiva 2001/29. Así sigue ocurriendo en España hasta la fecha, demorando sine die la necesaria modificación normativa que recoja el tirón de orejas del TJUE. Ahora bien, un estado que, como España, tenga un sistema de canon por copia privada -que debería gravar al fabricante o importador- debe garantizar que los autores realmente reciben la compensación equitativa, incluso en el caso de que el vendedor resida en otro estado miembro y siempre que el deudor ejerza una actividad mercantil.

Puestos a garantizar esos cobros efectivos, son las entidades gestoras de los derechos de autor, como la SGAE, quienes deben avalar un reparto equitativo de los derechos recaudados entre los titulares de las obras o producciones.

Sin embargo, parece que la ecuánime gestión económica y su reparto a los autores fue objeto de denuncia en el año 2007 por parte de la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE). Hoy es noticia que la Fiscalía anticorrupción investiga a la SGAE por supuesto desvío de fondos.

Y si la SGAE pretendía restar veracidad a esta noticia mediante el comunicado emitido ayer en su página web, negando la mala nueva y criticando la profesionalidad del diario ABC por su publicación, parece que lo que ha logrado es un peculiar “efecto Streisand”, pues raro es el medio que hoy no recoge tal noticia.

Cortar el acceso a Internet vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

    Guardado en BLOG, INTERNET, PROPIEDAD INTELECTUAL    |    Sin comentarios

La ONU declara Internet como derecho humano. Este fue el titular casi clónico aparecido en los últimos días en los medios que recogieron la noticia, noticia que quedó eclipsada por la detención en España de tres miembros de Anonymous, considerados como su “cúpula” por la Policía Nacional. Sin comentarios.

Resulta llamativo que todos los titulares reproduzcan de manera casi idéntica semejante afirmación, de indudable tirón mediático, y que ninguno recoja otras declaraciones de igual o mayor trascendencia contenidas en el informe de Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión.

Cuando se habla de censura, manipulación y restricción de la libertad de expresión y cuando es la ONU la que habla, inmediatamente pensamos en esos países que nos resultan tan lejanos y ajenos a nuestra Europa Occidental – Corea del Norte,  Irán, China…-. Pero la lectura del informe emitido por Frank La Rue sitúa estas amenazas más cerca de lo que inicialmente podríamos imaginar.

Y es que en este informe se contienen conclusiones que ningún titular ha recogido: La Rue se pronuncia en contra de los cortes de acceso a Internet a usuarios basadas en presuntas vulneraciones de las leyes de propiedad intelectual, con expresa mención a casos europeos, y advierte a los Estados de la inadecuada protección de la privacidad de sus ciudadanos.

Internet se ha convertido en un medio clave por la cual los individuos pueden ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”

El ejercicio de los derechos previstos en el apartado 2 del presente artículo conlleva deberes y responsabilidades especiales. Por lo tanto, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

– asegurar el respeto de los derechos o la reputación de los demás

– la protección de la seguridad nacional, del orden público, la salud o la moral públicas.

Sin embargo, el Relator Especial reitera que cualquier limitación del derecho a la libertad de expresión debe cumplir las siguientes condiciones:

(a) Debe estar prevista por ley, que sea clara y accesible a todos (los principios de previsibilidad y la transparencia), y

(b) La limitación debe perseguir uno de los fines establecidos en el artículo 19, apartado 3, del Convenio, a saber, (i) proteger los derechos o la reputación de los demás, o (ii) para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas (principio de legitimidad), y

(c) Debe demostrarse que tal limitación sea necesaria y los medios menos restrictivos para alcanzar la finalidad pretendida (principios de necesidad y proporcionalidad).

Por otra parte, cualquier legislación que restrinja el derecho a la libertad de expresión debe ser aplicada por un organismo independiente de cualquier influencia injustificada política, comercial u otra, de manera que no sea ni arbitraria ni discriminatoria, y con salvaguarda contra el abuso, incluida la posibilidad de recurso contra su abusiva aplicación.

En el informe se contiene una mención especial a la desconexión del acceso a Internet de  usuarios basada en la vulneración de derechos de propiedad intelectual. Pues bien, aquí se pronuncia sin ambages para decir que se encuentra “alarmado” por las propuestas de desconexión, con expresa referencia a las leyes francesa (“three strikes law” o Ley Hadopi) y a la Digital Economic Act 2010 de Reino Unido. Se muestra “profundamente preocupado” por los crecientes y sofisticados mecanismos utilizados por los Estados para la censura.

Frank La Rue considera que “cortar a los usuarios el acceso a Internet, independientemente de la justificación presentada y en particular con motivo de la vulneración de la ley o derechos de propiedad intelectual, es desproporcionado y, por lo tanto, una violación del artículo 19, apartado 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El Relator Especial conmina a los Estados a garantizar que el acceso a Internet se mantenga en todo momento, incluso durante tiempos de agitación política. En particular, insta a los Estados a derogar o modificar las actuales leyes de propiedad intelectual que permiten desconectar a los usuarios del acceso a Internet, y que se abstengan de adoptar tales leyes.

Ningún titular recoge este llamamiento de la ONU a los Estados. Claro que para la ONU esto no es novedad.

Sin embargo, a la luz de los recientes acontecimientos y en el contexto de las actuales movilizaciones, revoluciones y movimientos cobra sentido el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.