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Canon digital: unanimidad en suprimirlo…sin tocarlo

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Desde la época de mis efímeros escarceos con la política, tengo una fijación: La Vida de Brian. Rara era la ocasión en la que no me sentía en alguna de sus escenas, siendo la más recurrente aquella que transcurre en las gradas del circo romano. Así que cuando ayer leí que el Congreso votaba unánimemente a favor de la supresión del canon digital vino a mi memoria la escena de la votación para liberar a Brian.

Y es que transcurridos ocho meses desde la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara que la aplicación del canon digital en España es contrario al derecho comunitario y pasado más de un mes del plazo asumido por el Gobierno para su modificación, ayer, precisamente ayer, se vota una proposición para su supresión presentada por el Partido Popular. Conviene recordar que el PP votó a favor de la conocida como Ley Sinde en enero de este año, es decir, dos meses después de conocerse la citada sentencia del TJUE.

En un sorprendente y excepcional  ejemplo de pacto,  todos los partidos políticos votan a favor. Todos están de acuerdo en no estar de acuerdo, al igual que la votación del Frente Popular de Judea en el coliseo. No se plantean opciones, nadie propone alternativas, pero todos acuerdan no estar de acuerdo con el canon. Es cierto que no se soluciona nada ni tiene trascendencia práctica alguna, ya que nada cambiará en los próximos meses para el bolsillo de los consumidores, pero qué hay del impactante titular que esto supone ahora que la noticia comparte protagonismo con la caída en desgracia de la SGAE.

Para esta y para la Ley Sinde, todos son malas noticias. La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 7 de julio supone un nuevo varapalo judicial: “el ofrecimiento del enlace no supone un acto de disposición del archivo, razón por la cual no cabe hablar de puesta a disposición”. Siendo así, ¿con qué base legal podría intervenir la comisión administrativa prevista en la Ley Sinde?

Con todo esto, me pregunto si el resultado unánime de la votación del Congreso es un progreso real en la modificación del sistema de canon o no es más que otro intento de abandonar un barco que se hunde de forma rápida y evidente, tanto como los rumores de adelanto electoral.

p.d: No sólo para la mejor comprensión de lo dicho, sino también porque me parece un clásico intemporal, estos son los enlaces de las escenas mencionadas.

http://www.youtube.com/watch?v=u8OiPbvvvAU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=49fv2YUdSCk

El canon, la SGAE y el efecto Streisand

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En días pasados, me desconcertó un titular periodístico que daba a entender que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea padece algún tipo de trastorno bipolar. Y es que tras afirmar en su sentencia de 31 de octubre de 2010 que la aplicación del canon que se hace en España es contraria a la Directiva 2001/29, la sentencia de 6 de junio de 2011 se traduce en titulares como que España debe garantizar el cobro del canon. Dichos  titulares venía acompañados por imágenes de una sonriente González- Sinde, tal vez interpretando la sentencia como un espaldarazo a su Ley.

Este es el resultado de mezclar churras con merinas, pero ¿es esto cierto?

Dice la sentencia TJUE de 31 de octubre de 2010 que “los Estados miembros tienen la facultad de establecer, al objeto de financiar la compensación equitativa, un «canon por copia privada» que no grava a las personas privadas afectadas, sino a quienes disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y, a este título, de derecho o de hecho, ponen dichos equipos a disposición de personas privadas o les prestan un servicio de reproducción. En el marco de dicho sistema, son las personas que disponen de dichos equipos quienes han de abonar el canon por copia privada.

En consecuencia, la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29.”

Pues bien, el fallo de la sentencia TJUE de 6 de junio de 2011 en nada contradice a lo anterior. Simplemente manifiesta que “incumbe al Estado miembro que ha establecido un sistema de canon por copia privada que grava al fabricante o al importador de soportes de reproducción de obras protegidas, y en cuyo territorio se produce el perjuicio causado a los autores por el uso con fines privados de sus obras por compradores que residen en él, garantizar que dichos autores reciben realmente la compensación equitativa destinada a indemnizarles de tal perjuicio. A este respecto, la mera circunstancia de que el vendedor profesional de equipos, aparatos o soportes de reproducción esté establecido en un Estado miembro distinto de aquel en el cual residen los compradores carece de incidencia en esta obligación de resultado. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional, en el supuesto de que sea imposible garantizar la percepción de la compensación equitativa de los compradores, interpretar el Derecho nacional a fin de permitir la percepción de dicha compensación de un deudor que actúa en el ejercicio de una actividad mercantil.

Resumiendo, la exigencia indiscrimada de un canon a usuarios de equipos o dispositivos no destinados a copia privada sigue siendo contraria a la Directiva 2001/29. Así sigue ocurriendo en España hasta la fecha, demorando sine die la necesaria modificación normativa que recoja el tirón de orejas del TJUE. Ahora bien, un estado que, como España, tenga un sistema de canon por copia privada -que debería gravar al fabricante o importador- debe garantizar que los autores realmente reciben la compensación equitativa, incluso en el caso de que el vendedor resida en otro estado miembro y siempre que el deudor ejerza una actividad mercantil.

Puestos a garantizar esos cobros efectivos, son las entidades gestoras de los derechos de autor, como la SGAE, quienes deben avalar un reparto equitativo de los derechos recaudados entre los titulares de las obras o producciones.

Sin embargo, parece que la ecuánime gestión económica y su reparto a los autores fue objeto de denuncia en el año 2007 por parte de la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE). Hoy es noticia que la Fiscalía anticorrupción investiga a la SGAE por supuesto desvío de fondos.

Y si la SGAE pretendía restar veracidad a esta noticia mediante el comunicado emitido ayer en su página web, negando la mala nueva y criticando la profesionalidad del diario ABC por su publicación, parece que lo que ha logrado es un peculiar “efecto Streisand”, pues raro es el medio que hoy no recoge tal noticia.