VIDEOVIGILANCIA

La Videovigilancia que viene: cámaras privadas en espacios públicos

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Security Camera In Public Space IndoorSi la rápida evolución de la tecnología ha puesto en evidencia la necesidad de modificar y actualizar la regulación en materia de protección de datos y privacidad, no puede decirse menos del sector de la Seguridad Privada, cuya incidencia en el ámbito de tales derechos fundamentales es manifiesta. Por eso, resulta de interés el proyecto de Ley de Seguridad Privada y la idea principal de su texto; estrechar la colaboración y coordinación de los sectores público y privado encargados de mantener y garantizar nuestra seguridad.

Uno de los campos en los que el uso de tecnologías enfocadas a la seguridad viene planteando más incidencias y preocupación por parte de los defensores de la privacidad es, sin duda, el de la videovigilancia. Por este motivo, a la hora de considerar la regulación de su utilización y  salvaguardar el necesario respeto a los derechos fundamentales es necesario acudir tanto a la propia Ley de Seguridad Privada 23/1992, de 30 de julio, como a la normativa de protección de datos personales, en concreto, a la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre de la Agencia de Protección de Datos.

Este documento, pese a su brevedad, ha sido la guía para la correcta utilización de las videocámaras por el sector privado, en particular, por parte de las empresas de seguridad privada hasta que la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y su Disposición Adicional Sexta ampliaron la legitimación para la instalación de sistemas de videovigilancia a personas o entidades distintas de los profesionales de la seguridad.

Artículo 14.2. Disposición adicional sexta: Exclusión de las empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad

Los prestadores de servicios o las filiales de las empresas de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan excluidos de la legislación de seguridad privada siempre y cuando no se dediquen a ninguno de los otros fines definidos en el artículo 5, sin perjuicio de otras legislaciones específicas que pudieran resultarles de aplicación

En todo caso, fuesen empresas de seguridad u otras entidades o particulares los que procediesen a la instalación de sistemas de videovigilancia la legitimación para el uso de instalaciones de videovigilancia se ceñía a la protección de entornos privados, encomendando la prevención del delito y la garantía de la seguridad en las vías públicas en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los términos de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos. Por tanto, la regla general es la prohibición de captar imágenes de la calle desde instalaciones privadas. Así el artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 establece que:

3. Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.”

El proyecto de Ley de Seguridad Privada aprobado el pasado 14 de junio dedica su artículo 42 a los servicios de videovigilancia y son numerosas las referencias que podemos encontrar a los aspectos de protección de datos. Sin embargo, resulta llamativo su párrafo segundo:

No se podrán utilizar cámaras o videocámaras con fines de seguridad privada para tomar imágenes y sonidos de vías y espacios públicos o de acceso público salvo en los supuestos y en los términos y condiciones previstos en su normativa específica, previa autorización administrativa por el órgano competente en cada caso. Su utilización en el interior de los domicilios requerirá el consentimiento del titular.”

Parece querer flexibilizarse la tajante prohibición de cámaras privadas en espacios públicos y decimos “parece querer” porque la redacción adolece de una imprecisión que permite tantas interpretaciones como lecturas: “en los supuestos y en los términos y condiciones previstos en su normativa específica, previa autorización administrativa por el órgano competente en cada caso.

¿Cuál es esa normativa específica, la Ley de Seguridad Privada o la normativa sobre Protección de Datos? ¿Cuáles son tales supuestos, términos y condiciones? ¿Cuál es el órgano competente en cada caso? ¿Corresponderá tal autorización a la Comisión de Garantías de Videovigilancia de manera análoga a los sistemas de videograbación de lugares públicos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

Security Camera In Public Space Indoor» by Sira Anamwong

Nulidad de prueba: videovigilancia que no cumple la LOPD

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Videovigilancia como prueba de delitos graves

Han sido muchas las veces en las que por parte de un cliente durante una adaptación o por parte de un alumno durante un curso de Seguridad Privada y una vez expuestas las exigencias legales para la instalación y uso de cámaras de videovigilancia, se me pregunta con cierto escepticismo “¿pero entonces no valdrían como prueba? Pero si pasa algo gordo, un juez lo admitiría igual, ¿no?”. Y debo admitir que, pese a mi insistencia en la respuesta, su escepticismo no desaparece.

Por eso, ante la penúltima ocasión  – porque sé que no será la última – en que me han hecho esta pregunta, me he decidido a comentar el ejemplo más contundente que conozco al respecto. Se trata de la Sentencia del Tribunal Supremo 417/2012, de 3 de Febrero de 2012 que confirma la anulación realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su sentencia 5794/2011 de las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia de una empresa privada, imágenes que constituían la principal prueba de un delito grave, de un asesinato, al grabar cómo una persona es apuñalada por la espalda hasta la muerte.

¿Cuál fue la razón que llevó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Alto Tribunal a anular una prueba de semejante importancia? La defensa del acusado recurrió la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Barcelona alegando la ilicitud de uno de los medios de prueba, las imágenes que grabaron el asesinato, ya que la cámara de seguridad captaba un ángulo más amplio del permitido en un espacio público a una cámara privada. Dicho de otra forma, la instalación de videovigilancia no respetaba la LOPD ni, en concreto, la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos;

la grabación videográfica de los hechos enjuiciados por una cámara de videovigilancia instalada en la fachada de un edificio de propiedad privada, que, en lugar de limitarse a captar imágenes de su propia entrada, lo hizo de toda la vía pública (la calle Balmes de Barcelona) a la que enfocaba abiertamente, hasta el punto de apuntar a los edificios de la acera de enfrente, sin contar para ello con el consentimiento de cuantos fueron filmados y, más en concreto, con el del acusado, cuya imagen grabada llegó a ser reconocida por varios testigos;”

En este sentido, el TSJC afirma que “La jurisprudencia de nuestro TS (2ª) viene entendiendo, con carácter general, que las grabaciones videográficas de imágenes captadas en espacios públicos, a condición de que sean auténticas y de que no estén manipuladas, constituyen un medio de prueba legítimo y válido en el proceso penal -previsto ahora expresamente en el art. 382 LEC 2000 y aplicable de forma supletoria por mor de los dispuesto en el art. 4 LEC 2000 -, sin que se requiera para su captación la previa autorización judicial.

(…) De todas formas, en todos los casos el TS requiere que las condiciones de captación de las imágenes sean respetuosas con los derechos fundamentales de los afectados, en especial con el de la intimidad, de manera que no afecten a entornos o a espacios de privacidad ( SSTS 2ª 157/1999 de 30 ene., 968/1998 de 17 jul., 223/1998 de 3 sep., 1733/2002 de 14 de oct., 299/2006 de 17 mar., 597/2010 de 2 de jun. y 1140/2010 de 29 de dic.).

Ahora bien, por lo que se refiere específicamente a las imágenes captadas por sistemas de videovigilancia en entornos privados, surgen otros condicionantes relacionados, no sólo con el derecho a la intimidad propiamente dicho, sino más específicamente con el derecho fundamental a la protección de datos personales recogido en el art. 18.4 CE, teniendo en cuenta que la captación y, en su caso, la grabación, transmisión, conservación o  almacenamiento de información personal en forma de imágenes, cuando su uso afecta a » personas identificadas o identificables», constituye un dato de carácter personal”

“(…)A la vista de las anteriores consideraciones, resulta obligado considerar que la captación y grabación de la imagen «identificable» del acusado llevada a cabo sobre las 8 horas del día 15 julio 2007 por la cámara de vídeo instalada en la fachada del edificio privado ubicado en el número 19 de la calle Balmes de Barcelona sí vulneró el derecho fundamental del mismo a la protección de su imagen (además del de otros, lo que justifica que se dé cuenta a la AEAP a los efectos oportunos) como «dato personal» (art. 18.4 CE).

La consecuencia directa es que la prueba de cargo así obtenida y utilizada en el presente procedimiento debe considerarse nula (art. 11.1 LOPJ).”

La trascendencia de una correcta instalación de cámaras de videovigilancia y del cumplimiento de los requisitos legales para la legalidad de las imágenes así obtenidas con la finalidad de su válidez como prueba adquiere mayor relevancia cuando se trata de aquellos establecimientos e instalaciones que se encuentran legalmente obligados a su utilización, también denominados de Grado 3.

La Norma UNE-EN 50131-1 establece cuatro grados de seguridad en función del riesgo:

a) Grado 1, o de bajo riesgo, para sistemas de alarma dotados de señalización acústica, que no se vayan a conectar a una central de alarmas o a un centro de control.

b) Grado 2, de riesgo bajo a medio, dedicado a viviendas y pequeños establecimientos, comercios e industrias en general, que pretendan conectarse a una central de alarmas o, en su caso, a un centro de control.

c) Grado 3, de riesgo medio/alto, destinado a establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, así como otras instalaciones comerciales o industriales a las que por su actividad u otras circunstancias se les exija disponer de conexión a central de alarmas o, en su caso, a un centro de control.

d) Grado 4, considerado de alto riesgo, reservado a las denominadas infraestructuras críticas, instalaciones militares, establecimientos que almacenen material explosivo reglamentado, y empresas de seguridad de depósito de efectivo, valores, metales preciosos, materias peligrosas o explosivos, requeridas, o no, de conexión con central de alarmas o, en su caso, a centros de control.

Dentro del grado 3 se encuentran joyerías y platerías, galerías de arte y tiendas de antigüedades, administraciones de lotería y estaciones de servicio. La Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada establece en su Disposición Transitoria Única;

Los elementos de seguridad física y electrónica y los sistemas de alarma, instalados antes de la fecha de la entrada en vigor de la presente Orden, en establecimientos obligados y no obligados, se adecuarán a la misma en el plazo de diez años.

Los establecimientos a que hace referencia la Disposición Adicional Primera de esta Orden, dispondrán de un plazo de dos años para que cumplan lo previsto en ella, respecto a su conexión a central de alarmas y disponer de sistema de registro de imágenes

Así pues, el plazo para la adaptación de los sistemas de videovigilancia a las exigencias de la normativa de Seguridad Privada finaliza el próximo 1 de agosto de 2013. Todo ello sin perder de vista la necesidad de cumplir con lo dispuesto por la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya observancia, como hemos indicado, determina su validez como prueba, pase lo que pase y grabe lo que grabe.

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