Monthly Archives junio 2011

El canon, la SGAE y el efecto Streisand

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En días pasados, me desconcertó un titular periodístico que daba a entender que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea padece algún tipo de trastorno bipolar. Y es que tras afirmar en su sentencia de 31 de octubre de 2010 que la aplicación del canon que se hace en España es contraria a la Directiva 2001/29, la sentencia de 6 de junio de 2011 se traduce en titulares como que España debe garantizar el cobro del canon. Dichos  titulares venía acompañados por imágenes de una sonriente González- Sinde, tal vez interpretando la sentencia como un espaldarazo a su Ley.

Este es el resultado de mezclar churras con merinas, pero ¿es esto cierto?

Dice la sentencia TJUE de 31 de octubre de 2010 que “los Estados miembros tienen la facultad de establecer, al objeto de financiar la compensación equitativa, un «canon por copia privada» que no grava a las personas privadas afectadas, sino a quienes disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y, a este título, de derecho o de hecho, ponen dichos equipos a disposición de personas privadas o les prestan un servicio de reproducción. En el marco de dicho sistema, son las personas que disponen de dichos equipos quienes han de abonar el canon por copia privada.

En consecuencia, la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29.”

Pues bien, el fallo de la sentencia TJUE de 6 de junio de 2011 en nada contradice a lo anterior. Simplemente manifiesta que “incumbe al Estado miembro que ha establecido un sistema de canon por copia privada que grava al fabricante o al importador de soportes de reproducción de obras protegidas, y en cuyo territorio se produce el perjuicio causado a los autores por el uso con fines privados de sus obras por compradores que residen en él, garantizar que dichos autores reciben realmente la compensación equitativa destinada a indemnizarles de tal perjuicio. A este respecto, la mera circunstancia de que el vendedor profesional de equipos, aparatos o soportes de reproducción esté establecido en un Estado miembro distinto de aquel en el cual residen los compradores carece de incidencia en esta obligación de resultado. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional, en el supuesto de que sea imposible garantizar la percepción de la compensación equitativa de los compradores, interpretar el Derecho nacional a fin de permitir la percepción de dicha compensación de un deudor que actúa en el ejercicio de una actividad mercantil.

Resumiendo, la exigencia indiscrimada de un canon a usuarios de equipos o dispositivos no destinados a copia privada sigue siendo contraria a la Directiva 2001/29. Así sigue ocurriendo en España hasta la fecha, demorando sine die la necesaria modificación normativa que recoja el tirón de orejas del TJUE. Ahora bien, un estado que, como España, tenga un sistema de canon por copia privada -que debería gravar al fabricante o importador- debe garantizar que los autores realmente reciben la compensación equitativa, incluso en el caso de que el vendedor resida en otro estado miembro y siempre que el deudor ejerza una actividad mercantil.

Puestos a garantizar esos cobros efectivos, son las entidades gestoras de los derechos de autor, como la SGAE, quienes deben avalar un reparto equitativo de los derechos recaudados entre los titulares de las obras o producciones.

Sin embargo, parece que la ecuánime gestión económica y su reparto a los autores fue objeto de denuncia en el año 2007 por parte de la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE). Hoy es noticia que la Fiscalía anticorrupción investiga a la SGAE por supuesto desvío de fondos.

Y si la SGAE pretendía restar veracidad a esta noticia mediante el comunicado emitido ayer en su página web, negando la mala nueva y criticando la profesionalidad del diario ABC por su publicación, parece que lo que ha logrado es un peculiar “efecto Streisand”, pues raro es el medio que hoy no recoge tal noticia.

Holanda, primer país europeo en regular la neutralidad en la Red

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Por fin hoy nos despertamos con una buena noticia: Holanda se convierte en el primer país europeo que regula por ley – mediante la modificación de su ley de telecomunicaciones – la neutralidad en la Red, además de exigir el consentimiento previo de los usuarios para la instalación de cookies.

Sin embargo, no deja de ser curiosa la reacción de las operadoras. Vodafone, por ejemplo, ya ha manifestado que esto impedirá proponer reducciones de tarifas a los usuarios…y qué tendrá que ver.

¿Significa esto que las operadoras están dispuestas a reducir nuestras tarifas de acceso a Internet si consentimos que bloqueen o ralenticen nuestra conexión a su antojo cuando los buscadores o contenidos que elegimos no coinciden con aquellos con los que tienen acuerdos comerciales? ¿Acaso nos cobrarán menos por nuestra conexión si seguimos ignorando o bien asumimos la instalación de cookies en nuestros equipos?

Como dije en su momento en el post sobre neutralidad en la Red – perdón por la autorreferencia, que siempre me resulta algo pedante – impedir que las operadoras privilegien o penalicen unilateralmente el uso de ciertos buscadores o contenidos no es incompatible con el hecho de que el usuario disfrute de distintas prestaciones, como la velocidad de conexión, según la tarifa que él mismo haya decidido pagar, como no puede ser de otro modo

Así, Holanda se convierte en el segundo país, después de Chile, que garantiza legalmente la neutralidad en la Red. Esperemos que cunda el ejemplo.

Cortar el acceso a Internet vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

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La ONU declara Internet como derecho humano. Este fue el titular casi clónico aparecido en los últimos días en los medios que recogieron la noticia, noticia que quedó eclipsada por la detención en España de tres miembros de Anonymous, considerados como su “cúpula” por la Policía Nacional. Sin comentarios.

Resulta llamativo que todos los titulares reproduzcan de manera casi idéntica semejante afirmación, de indudable tirón mediático, y que ninguno recoja otras declaraciones de igual o mayor trascendencia contenidas en el informe de Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión.

Cuando se habla de censura, manipulación y restricción de la libertad de expresión y cuando es la ONU la que habla, inmediatamente pensamos en esos países que nos resultan tan lejanos y ajenos a nuestra Europa Occidental – Corea del Norte,  Irán, China…-. Pero la lectura del informe emitido por Frank La Rue sitúa estas amenazas más cerca de lo que inicialmente podríamos imaginar.

Y es que en este informe se contienen conclusiones que ningún titular ha recogido: La Rue se pronuncia en contra de los cortes de acceso a Internet a usuarios basadas en presuntas vulneraciones de las leyes de propiedad intelectual, con expresa mención a casos europeos, y advierte a los Estados de la inadecuada protección de la privacidad de sus ciudadanos.

Internet se ha convertido en un medio clave por la cual los individuos pueden ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”

El ejercicio de los derechos previstos en el apartado 2 del presente artículo conlleva deberes y responsabilidades especiales. Por lo tanto, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

– asegurar el respeto de los derechos o la reputación de los demás

– la protección de la seguridad nacional, del orden público, la salud o la moral públicas.

Sin embargo, el Relator Especial reitera que cualquier limitación del derecho a la libertad de expresión debe cumplir las siguientes condiciones:

(a) Debe estar prevista por ley, que sea clara y accesible a todos (los principios de previsibilidad y la transparencia), y

(b) La limitación debe perseguir uno de los fines establecidos en el artículo 19, apartado 3, del Convenio, a saber, (i) proteger los derechos o la reputación de los demás, o (ii) para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas (principio de legitimidad), y

(c) Debe demostrarse que tal limitación sea necesaria y los medios menos restrictivos para alcanzar la finalidad pretendida (principios de necesidad y proporcionalidad).

Por otra parte, cualquier legislación que restrinja el derecho a la libertad de expresión debe ser aplicada por un organismo independiente de cualquier influencia injustificada política, comercial u otra, de manera que no sea ni arbitraria ni discriminatoria, y con salvaguarda contra el abuso, incluida la posibilidad de recurso contra su abusiva aplicación.

En el informe se contiene una mención especial a la desconexión del acceso a Internet de  usuarios basada en la vulneración de derechos de propiedad intelectual. Pues bien, aquí se pronuncia sin ambages para decir que se encuentra “alarmado” por las propuestas de desconexión, con expresa referencia a las leyes francesa (“three strikes law” o Ley Hadopi) y a la Digital Economic Act 2010 de Reino Unido. Se muestra “profundamente preocupado” por los crecientes y sofisticados mecanismos utilizados por los Estados para la censura.

Frank La Rue considera que “cortar a los usuarios el acceso a Internet, independientemente de la justificación presentada y en particular con motivo de la vulneración de la ley o derechos de propiedad intelectual, es desproporcionado y, por lo tanto, una violación del artículo 19, apartado 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El Relator Especial conmina a los Estados a garantizar que el acceso a Internet se mantenga en todo momento, incluso durante tiempos de agitación política. En particular, insta a los Estados a derogar o modificar las actuales leyes de propiedad intelectual que permiten desconectar a los usuarios del acceso a Internet, y que se abstengan de adoptar tales leyes.

Ningún titular recoge este llamamiento de la ONU a los Estados. Claro que para la ONU esto no es novedad.

Sin embargo, a la luz de los recientes acontecimientos y en el contexto de las actuales movilizaciones, revoluciones y movimientos cobra sentido el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

De profesional de la seguridad a víctima del robo de datos

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Siempre que aparecen noticias sobre encuestas,  sondeos y sus llamativos resultados que encabezan titulares pienso lo mismo; “pero si a mí no me han preguntado”. La misma sensación tengo cuando se trata de noticias sobre incidentes de seguridad, esta vez en su vertiente más optimista; “uff, a mí no me ha tocado”. Pues bien, se acabó, ya formo parte de las estadísticas sobre robo de datos.

Ayer por la tarde recibí un correo de INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Información) en el que me informaban de que mis datos personales habían sido robados. Lo reconozco, no podía creerlo. Mis datos, precisamente los datos de una persona que se dedica profesionalmente a la seguridad robados de una plataforma para formación online en seguridad.

Y por ahí andarán mi nombre, apellidos, teléfono, DNI y correo electrónico. Ahí es nada.

La noticia aparece hoy en todos los medios, encantados de la carnaza que supone la paradoja de que la sociedad estatal en la que integra el CERT (Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad) haya sufrido el robo de los datos de los 20.000 usuarios de su plataforma de formación.

Ahora mi perplejidad y yo ya formamos parte de las estadísticas sobre incidentes de seguridad. Toda una experiencia.