Monthly Archives marzo 2013

Se triplican las denuncias por delitos contra el honor y la libertad en Internet

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La noticia es reveladora; en el año 2012 750 personas fueron detenidas por injurias y amenazas en Internet, el triple que en 2011. Y eso en cuanto a las detenciones que se llevaron a cabo, sin contar aquellas denuncias en tramitación y todos aquellos hechos ilícitos que no llegan a denunciarse, normalmente porque la misma percepción social de impunidad que favorece su comisión lleva a la víctima a pensar que nada se puede hacer. La propia Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, cerró su cuenta de Twitter por las amenazas que recibían sus hijos y, aunque afirmaba que estaba estudiando presentar una denuncia, manifestó “que ve muy difícil que puedan prosperar, según le han dicho sus abogados. «La indefensión es total», afirmó.”

En otros casos, sí se denuncia y sí se obtienen condenas. Así ocurrió con Aaron B.R., condenado al pago de una multa de 200 euros por utilizar su perfil de Facebook para publicar una serie de amenazas en la página de Rosa Díez en la red social. Ahora la líder de UPyD ha denunciado que está recibiendo amenazas e insultos en las últimas horas en su teléfono móvil tras la filtración de su número en la red social Twitter.

Calumnias, injurias, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de identidad y otros delitos contra el honor y la intimidad se han disparado el pasado año en Internet, propiciado sin duda por el auge y por el acceso generalizado a las redes sociales. Pero no hace falta ser un personaje conocido. Como vemos a diario, nadie se salva de ser objeto de las iras, despechos, rencores, venganzas o simple mala baba del internauta que resulta ser una expareja, exempleado, examigo…Pero, ¿realmente hay impunidad?

En primer lugar, debemos entender qué es denunciable, es decir, qué es constitutivo de infracción penal. Dispone el artículo 205 de nuestro Código Penal que es calumnia «la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”, y el artículo 208 del mismo texto legal define las injurias como “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”, si bien “solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves.” Por tanto, llamar a alguien  ladrón o maltratador puede ser constitutivo de calumnia, salvo que pueda probarse que lo sea, mientras que el insulto no alusivo a la comisión de delitos, el meramente descalificativo con saña, puede ser constitutivo de injurias.

Por otra parte, no todas las amenazas percibidas como tales en el lenguaje común lo son a efectos penales. Dispone el artículo 196 que “el que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico” será castigado como autor de un delito de amenazas. Es decir, cuando el mal anunciado afecte a nuestra vida, integridad física, reputación o patrimonio.

Sin embargo, la amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve será castigada como falta, no como delito, estando penada con una pena de multa de 10 a 20 días, según dispone el artículo 620 del Código Penal. La diferencia entre ambos, en criterio del Tribunal Supremo, radica en la gravedad de la amenaza que deberá ser valorada en función de la ocasión en que se exterioriza, las personas que intervienen, los actos anteriores, simultáneos o posteriores, etc., por lo que la diferencia es circunstancial y radica en la mayor o menor intensidad del mal con que se amenaza el bien jurídico protegido.

En todo caso, la pena será mayor cuando calumnias e injurias se realicen con publicidad, lo que en términos del artículo 211 del Código Penal se dará “cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante.” No cabe duda de que Internet es el medio no sólo de eficacia semejante, sino mayor en cuanto a la difusión de un contenido, por lo que sería de aplicación este tipo agravado.

En segundo lugar, una vez aclarado qué hechos están tipificados, cabe preguntarse si más allá de su teórica calificación penal es posible en la práctica su denuncia, persecución, identificación del culpable, juicio y condena. En definitiva, si esa mencionada sensación de impunidad tiene base real. Sin ánimo de entrar en detalles sobre investigaciones o pruebas periciales que alienten futuras acciones, simplemente decir que la respuesta ha de ser positiva y así lo demuestra el titular con el que arrancaba este post.

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