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Los Vigilantes de Seguridad pueden detener…y usted también

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ID-100230648No es la primera vez que la verborrea tertuliana y los titulares con ansias de impactar acaban elevando por repetición a la categoría de noticia lo que con suerte es una media verdad. En tales ocasiones me viene a la cabeza aquella frase atribuida a Manuel Azaña; si la gente hablase sólo de lo que sabe se haría un precioso silencio que podríamos aprovechar para estudiar. Me pregunto cuántos titulares de materias que desconozco se han instalado en mi cerebro en el apartado de certezas…

Pero a veces ocurre que ese tema, justo ese tema, lo conozco y tal es el caso de las noticias sobre la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Vaya por delante que son muchos los puntos que no comparto o me parecen directamente cuestionables jurídicamente, pero esa es sólo mi opinión. Lo que ahora comparto son hechos. Bueno, en realidad es Derecho.

No cabe duda de que se trata de una materia de espinosa regulación. Baste recordar que la actual ley – Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana – fue conocida en su día como la ley de la patada en la puerta, alias ley Corcuera, entonces Ministro del Interior y que fue también objeto de recurso y derogación parcial por el Tribunal Constitucional. Si en aquel momento el caballo de batalla era la posibilidad de acceder a inmuebles sin orden judicial por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad – patada en la puerta -, ahora se trata de la posibilidad de que el personal de Seguridad Privada pueda detener y en dónde.

Sin embargo, se trata de una falsa polémica. Los Vigilantes de Seguridad pueden detener y usted también y así es desde 1882 por obra de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal;

Cualquier persona puede detener:

1.º Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo.
2.º Al delincuente, «in fraganti».
3.º Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena.
4.º Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme.
5.º Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior.
6.º Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.
7.º Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.”

La diferencia entre un particular y un Vigilante de Seguridad radica en que mientras para el particular la posibilidad legal de detener se configura como un derecho (“puede detener”), para el personal de Seguridad Privada en su jornada laboral y en su lugar de trabajo es una obligación por disposición de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada y su reglamento: “Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos”.

Así pues, los Vigilantes de Seguridad no sólo pueden detener, sino que deben hacerlo en su trabajo, sin que quepa hablar de retención como estado intermedio entre la detención y la libertad, si bien se trata de una detención que se ha dado en llamar funcional en tanto su finalidad es la entrega del detenido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Como ya estableción el Tribunal Constitucional en su sentencia de 10 de julio de 1986 «La detención no es una decisión que se adopte en el curso de un procedimiento, sino una pura situación fáctica, sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre detención y libertad» y la figura de la retención no se encuentra «contemplada en la ley de Enjuiciamiento Criminal».

Una última observación: desconfíen de aquellas informaciones que hablen de Vigilantes Jurados o Guardias Jurados. Dónde va…

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