La Videovigilancia que viene: cámaras privadas en espacios públicos

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Security Camera In Public Space IndoorSi la rápida evolución de la tecnología ha puesto en evidencia la necesidad de modificar y actualizar la regulación en materia de protección de datos y privacidad, no puede decirse menos del sector de la Seguridad Privada, cuya incidencia en el ámbito de tales derechos fundamentales es manifiesta. Por eso, resulta de interés el proyecto de Ley de Seguridad Privada y la idea principal de su texto; estrechar la colaboración y coordinación de los sectores público y privado encargados de mantener y garantizar nuestra seguridad.

Uno de los campos en los que el uso de tecnologías enfocadas a la seguridad viene planteando más incidencias y preocupación por parte de los defensores de la privacidad es, sin duda, el de la videovigilancia. Por este motivo, a la hora de considerar la regulación de su utilización y  salvaguardar el necesario respeto a los derechos fundamentales es necesario acudir tanto a la propia Ley de Seguridad Privada 23/1992, de 30 de julio, como a la normativa de protección de datos personales, en concreto, a la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre de la Agencia de Protección de Datos.

Este documento, pese a su brevedad, ha sido la guía para la correcta utilización de las videocámaras por el sector privado, en particular, por parte de las empresas de seguridad privada hasta que la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y su Disposición Adicional Sexta ampliaron la legitimación para la instalación de sistemas de videovigilancia a personas o entidades distintas de los profesionales de la seguridad.

Artículo 14.2. Disposición adicional sexta: Exclusión de las empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad

Los prestadores de servicios o las filiales de las empresas de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de conexión con centrales de alarma, quedan excluidos de la legislación de seguridad privada siempre y cuando no se dediquen a ninguno de los otros fines definidos en el artículo 5, sin perjuicio de otras legislaciones específicas que pudieran resultarles de aplicación

En todo caso, fuesen empresas de seguridad u otras entidades o particulares los que procediesen a la instalación de sistemas de videovigilancia la legitimación para el uso de instalaciones de videovigilancia se ceñía a la protección de entornos privados, encomendando la prevención del delito y la garantía de la seguridad en las vías públicas en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los términos de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos. Por tanto, la regla general es la prohibición de captar imágenes de la calle desde instalaciones privadas. Así el artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 establece que:

3. Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.”

El proyecto de Ley de Seguridad Privada aprobado el pasado 14 de junio dedica su artículo 42 a los servicios de videovigilancia y son numerosas las referencias que podemos encontrar a los aspectos de protección de datos. Sin embargo, resulta llamativo su párrafo segundo:

No se podrán utilizar cámaras o videocámaras con fines de seguridad privada para tomar imágenes y sonidos de vías y espacios públicos o de acceso público salvo en los supuestos y en los términos y condiciones previstos en su normativa específica, previa autorización administrativa por el órgano competente en cada caso. Su utilización en el interior de los domicilios requerirá el consentimiento del titular.”

Parece querer flexibilizarse la tajante prohibición de cámaras privadas en espacios públicos y decimos “parece querer” porque la redacción adolece de una imprecisión que permite tantas interpretaciones como lecturas: “en los supuestos y en los términos y condiciones previstos en su normativa específica, previa autorización administrativa por el órgano competente en cada caso.

¿Cuál es esa normativa específica, la Ley de Seguridad Privada o la normativa sobre Protección de Datos? ¿Cuáles son tales supuestos, términos y condiciones? ¿Cuál es el órgano competente en cada caso? ¿Corresponderá tal autorización a la Comisión de Garantías de Videovigilancia de manera análoga a los sistemas de videograbación de lugares públicos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

Security Camera In Public Space Indoor» by Sira Anamwong

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